LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA ELECTORAL 2007

LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA ELECTORAL 2007

Muy pronto habrá de concretarse la reforma constitucional en materia electoral de este año 2007; pues se han dado los supuestos que exige el constituyente permanente para reformar o adicionar la constitución política del país, es decir, primeramente se dio el voto de las dos terceras partes de la Cámara de Senadores posteriormente el voto de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión y muy pronto habrán de darse los 16 votos, y con ello la mayoría de las legislaturas de los 31 estados del país.

En este año 2007 surge una nueva reforma electoral llamada de la tercera generación de reformas constitucionales electorales, impulsadas por los tres grandes partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, PAN, PRI y PRD; la reforma, tiene como objetivo fundamental reformar en su totalidad los artículos 41 y 99; reformar el párrafo primero del artículo 85; el párrafo primero del artículo 108; la fracción IV del artículo 116; la base primera fracción V, inciso f del artículo 122; adicionar tres párrafos al artículo 134 y derogar el párrafo tercero del artículo 37, es decir, se reforman ocho artículos de la Carta Magna, que tienen como finalidad, que en el país exista una autentica y real democracia y una verdadera justicia social.


Esta reforma constitucional y de tercera generación de materia electoral contempla tres objetivos torales:

Primero.- Disminuir en forma significativa en gastos y las campañas electorales; mediante la reducción del financiamiento público, es decir, lo que permitirá claridad y transparencia sobre el costo que implica para la sociedad, el sistema de partidos, además de imponer un límite para el financiamiento privado; esté primer objetivo, alejara a los partidos políticos del riesgo de intereses legales o ilegítimos, que a través del dinero, puedan influir en la vida de los partidos y en las campañas electorales, así mismo, se propone que la campaña presidencial se reduzca a la mitad de tiempo, es decir, de 186 días a solo 90 días, y en las selecciones intermedias para la renovación de la Cámara de Diputados, solo tendrán 45 días de campaña política-electoral.

Este aspecto fue el que trastoco los fibras sensibles del duopolio televisivo (TV Azteca y Televisa); quienes convocaron a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión CIRT, para exigir un referéndum en forma de consulta popular, para que los mexicanos expresaran su opinión de manera directa, sin la participación alguna de la partidocracia.

Lo cual quiere decir, que mucho dolió a los empresarios de la televisión, el hecho de que tocarán sus intereses económicos, sin embargo habrá que recordar, que el poder mediático de la televisión, fue tan efectivo que en últimos procesos electorales, para influir y manipular al electorado, con el fin de tener como presidentes de la República ha auténticos productos de la mercadotecnia.

Segundo.- Fortalecimiento de las atribuciones y facultades de las autoridades electorales; con el objeto de que el Instituto Federal Electoral IFE; pueda desempeñar el papel de árbitro de la contienda, y que el Tribunal Electoral del


Poder Judicial de la Federación TEPJF; pueda decidir la no aplicación de leyes electorales contrarias a la constitución federal, con ello se pretende fortalecer la autonomía de estos dos grandes órganos electorales, el IFE y el TEPJF, de allí la propuesta de la renovación escalonada de los consejeros y magistrados electorales, además se pretende, que para la designación de los nuevos consejeros haya una amplia consulta a la sociedad, y no solo la responsabilidad sea de la Cámara de Diputados, es decir, que los legisladores antes de designar al nuevo consejo, tendrán que escuchar la opinión de los ciudadanos.

Tercero.- Impedir que actores ajenos al proceso electoral influyan en las campañas electorales, es decir, que se trata de regular las normas a las que deba sujetarse la propaganda gubernamental, de todo tipo, en las campañas electorales y aun en periodos no electorales.

Estas reformas, son llamadas de tercera generación, en materia electoral, pues se considera qué de hace 30 años para acá; se ha reformado la constitución e identificado en forma generacional, las reformas electorales: en 1977 y 1986 se dio la primera generación de reformas, con la incorporación de nuevas fuerzas o expresiones políticas a la vida legal y a la competencia electoral.
En 1989-1996 se dio la segunda generación de reformas, que transformo al Instituto que conforma el sistema federal mexicano, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Esta tercera generación; trata de resolver los dos grandes problemas que enfrenta la democracia del país, por un lado el dinero, y por el otro, el uso y abuso de los medios de comunicación.


Tras intensas negociaciones, principalmente entre los tres partidos mayoritarios, fue aprobado en el Senado de la República el proyecto de decreto por el que se emite el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, derivado de la reforma constitucional, cuya entrada en vigor se dio a principios de noviembre del presente año. Falta ahora la aprobación de la Cámara de Diputados, y con ello quedará terminada esta etapa de las reformas estructurales y, en este caso, la reforma electoral.

Es una obviedad decir que el ambiente sobre estas modificaciones a nuestra vida electoral han sido polémicas y de intensas discusiones y debates. En la primera etapa los medios de comunicación electrónicos protestaron con severidad y exigieron que sus demandas se vieran reflejadas. En la segunda etapa los partidos emergentes, Alternativa Socialdemócrata, PT, Convergencia, Partido Verde y Nueva Alianza, en sus fracciones parlamentarias rechazaron las modificaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), concentrándose en el tema de las coaliciones y del umbral de votos requeridos para mantener el registro.
Sobre esta segunda etapa vale la pena hacer algunas reflexiones, pues por la manera en la que los partidos emergentes se desenvolvieron, mandaron la señal de estar persiguiendo que se creara una cláusula de “vida eterna” que les quitara la preocupación de ganar votos. Esto, por supuesto, seria ridículo. Un partido que no busca convencer a la ciudadanía de sumarse a su proyecto político, simplemente deja de tener un proyecto político y por ende de ser útil para la sociedad.
Hay que decir que estas modificaciones al Cofipe en efecto se quedan lejos de ser promotoras de la equidad y de la justa competencia entre los partidos políticos, y en el fondo privilegian a las tres fuerzas electorales preponderantes sobre las emergentes.


Estos nuevos ordenamientos no elevan las sanciones para el rebase de topes de campaña o decretan la nulidad de una candidatura si recibió dineros fuera de la legalidad. Esta ley no fomenta el debate de ideas, sigue siendo preponderantemente sobre el dinero. Si tienes dinero tendrás mejores votaciones que si no lo tienes. Eso difícilmente abona a una competencia justa.
Para exigirles a los partidos emergentes que cumplan con una cantidad de votos específicos o que no puedan coaligarse, las condiciones de competencia deben tener eso en perspectiva. No se debe de regalar nada a ningún partido, pero se les debe dar la posibilidad de competir para existir y al final que sea la gente la que decida.
Pero ni los partidos en protesta transmitieron eso, ni los partidos tradicionales PAN, PRI y PRD reflexionaron sobre las condiciones de la contienda hacia los menos desfavorecidos.
Todo terminó siendo sobre las coaliciones. Y, hay que decirlo con toda franqueza, las coaliciones se han convertido en este país en una negociación de dinero por votos. El partido pequeño tiene tanto dinero, el partido tradicional necesita que el pequeño no compita y que se lo dé. Eso cuesta 3 por ciento de los votos. Un número especifico de legisladores y otros puestos. Tan es así que las coaliciones sólo son promovidas por los partidos tradicionales en las elecciones presidenciales; en las intermedias, no. En el 2003, once partidos aparecieron en las boletas. Ese formato de acción política poco aporta a tener una mejor clase política, así que eliminar esa figura no me parece equivocado. Las candidaturas comunes me parecen una mejor salida que obligaría de hacerse bien a que varios partidos concurrieran alrededor de una candidatura por convicción y en torno a algún tipo de agenda compartida.


El nuevo Cofipe avanzó en muchos temas y se mantuvo discreto y estático en otros. Es importante reconocer lo que se avanza y combatir lo que nos hace retroceder: la exclusión. Tanto frente a los medios de comunicación, como ante los partidos emergentes, la exclusión generó un mal ambiente. No hay que permitirla y desde la inclusión construir consensos entorno a reformas tan importantes como ésta o las que vienen.

Ante un debate tan espeso, exigente, repleto de calificativos. Promovamos para las siguientes reformas un ambiente diferente y más constructivo. Las diferencias no desaparecerán pero estarán, sin duda, colocadas en otro contexto.

Hemos de subrayar que esta nueva reforma constitucional en materia electoral contiene avances que permitirán elecciones más democráticas y menos caras.
Debemos de resaltar que México ha construido en los últimos años un sistema electoral federal capaz de ofrecer un camino recto, con una visión hacia la acción de la pluralidad de fuerzas políticas que coexisten y compiten en este país.

Y aun celebrando el proceso que se a llevado con los años, también se fue extendiendo una gran preocupación dentro de la sociedad como en las instituciones que conforman el estado, pues estas campañas electorales se fueron encareciendo año con año, y todo esto era en razón de la enorme transferencia de recursos económicos que hacían los partidos a los grandes medios de comunicación masiva.


Y con todo esto, podemos resumir que la reforma constitucional en materia electoral se desglosa a partir de nueve puntos clave:

· Prohíbe la compra de publicidad en radio y TV.
· Mantienen la preeminencia del financiamiento público a los partidos políticos sobre el carácter privado.
· Establece como única vía para la publicidad electoral en radio y televisión los tiempos del estado.
· Reduce el tiempo de las campañas.
· Reduce el financiamiento para las campañas asignado a los partidos.
· Reduce el monto de las aportaciones privadas que pueden recibir los partidos políticos.
· Prohíbe a posibles terceros involucrados en la compra de publicidad electoral; con la finalidad de no trastocar las condiciones de equidad en la competencia.
· Prohíbe a las entidades públicas hacer publicidad que implique la promoción personalizada de cualquier servidor público.
· Establece en la constitución el derecho de replica.

Concluyo diciendo que estoy convencido de que esa normatividad tendrá un impacto muy positivo para la vida política de nuestro país: tendremos campañas electorales más baratas, un claro reforzamiento de la equidad en la competencia y una democracia más fuerte y menos dependencia del capital económico.

Podríamos afirmar que gracias a estas reformas, tendremos eventualmente de manera colateral una evaluación del debate político que tanto requiere nuestro país.